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El Gobierno ultima una reforma laboral con importantes cambios en la legislación, incluida una liberalización de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y facilitar que los jueces autoricen los despidos con 20 días de indemnización por razones objetivas. Pero aún no está cerrada, porque existe un debate interno en torno a lo que puede ser una de las medidas más polémicas: un nuevo contrato para jóvenes con condiciones más precarias para intentar combatir el paro en este colectivo. La ministra de Trabajo, Fátima Báñez, declinó ayer facilitar detalles de la reforma incluso a representantes de los empresarios autónomos en una reunión privada, pero, según distintas fuentes gubernamentales consultadas, el menú para el próximo Consejo de Ministros incluye los siguientes puntos: Es el actual caballo de batalla en el seno del aparato económico del Gobierno. La canciller alemana Angela Merkel insistió el pasado día 26 al presidente, Mariano Rajoy, para que ataje una tasa de paro juvenil en España del 45% que escandaliza en Europa. Los ministros más reformistas -como el titular de Economía, Luis de Guindos, el de Industria, José Manuel Soria, o el de Agricultura, Miguel Arias Cañete-, ven necesario que, ya que no se crea un contrato único, al menos una nueva modalidad que facilite la inserción de los jóvenes. Tendría condiciones más precarias que el resto de contratos, pero el presidente de la Comisión de Economía de CEOE, José Luis Feito, asegura que «es mejor un miniempleo que un macroparo». Otros ministros, como el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, advierten de que una reforma laboral demasiado dura tendría un efecto perjudicial en la economía, porque generaría desconfianza entre los que ya trabajan y perjudicaría el consumo. El líder del PP andaluz, Javier Arenas, tampoco apoya medidas que puedan ser excesivamente provocadoras para los sindicatos. Por su parte, Báñez, la responsable de la reforma, está mostrando estos días una creciente inquietud por los datos de paro y por elaborar una reforma completa acorde con la situación. El director de la Oficina Económica en Moncloa, Álvaro Nadal, ha dado señales a favor de implantar un nuevo contrato para jóvenes, lo que implicaría que Rajoy, que presidirá el jueves la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, puede decantar la balanza. El Gobierno acepta que el coste del despido es una de las causas que impiden más contratación y pretende actuar en dos vías. Por un lado, quiere que el llamado despido «por causas objetivas», que permite una indemnización con 20 días por año trabajado, pueda ser utilizado sin las actuales trabas judiciales. «Se trata de definir mejor las causas para no dejar margen a los jueces cuando se emplee esta fórmula de despido», explicaron a este diario fuentes gubernamentales. La segunda vía es generalizar la indemnización por 33 días cuando se trate de un despido improcedente sin causas objetivas. El objetivo es que la reforma que ya hizo el anterior Gobierno del PP para introducir este régimen -inferior a los 45 días tradicionales- se extienda realmente, porque hasta la fecha no ha sido suficientemente utilizada, de nuevo por indefinición en la normativa, según se queja la patronal CEOE. «Nos preocupa que se generalice lo de los 33 días porque sería insuficiente», señalan en la patronal, que no cree que ninguna precisión en la ley deje a los jueces sin margen para frenar despidos con 20 días. Una de las reivindicaciones tradicionales de las pequeñas y medianas empresas, y también de multinacionales instaladas en España, es que se liberalicen los llamados ERE. El Gobierno se inclina por suprimir el actual requisito de autorización previa y dejar solamente un control para agilizar su aplicaa posteriori ción. El Gobierno también acepta un argumento de la patronal sobre que la prórroga eterna de los convenios colectivos dificulta adaptar las empresas a las circunstancias cambiantes de la economía. Actualmente, si un convenio expira se mantiene en vigor hasta que no sea reemplazado por otro. La patronal pide que la prórroga sólo dure un año y el Gobierno estudia limitarla a 24 meses. El anterior ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, se negó a modificar este capítulo por menoscabar derechos del trabajador. Los representantes de los autónomos, Lorenzo Amor (ATA), Sebastián Reyna (UPTA) y Pedro Barato (CEAT), recordaron ayer a Báñez la promesa electoral de Rajoy de conceder una bonificación fiscal de 3.000 euros a cada empresa que contrate a su primer trabajador y reclamaron más apoyo a los emprendedores. Báñez declinó dar detalles, pero les confirmó que habrá medidas en la reforma que favorezcan a los trabajadores autónomos. tenido de la reforma, que el Gobierno aprobará el próximo viernes. Pese a que la ministra no concretó a los autónomos las medidas que llevará al Consejo de Ministros, les adelantó que introducirá «flexibilidad con mayúsculas» y tocará la contratación. No respondió a su petición de que las microempresas queden excluidas de la negociación colectiva, pero sí les garantizó que los autónomos se «verán reflejados» en la reforma laboral. También se comprometió a tener lista la Ley de Emprendedores en marzo. Los autónomos le requirieron, además, que constituya una comisión técnica para dar cuerpo a esa norma. Sebastián Reyna pretende, además, que se cree una cuota especial a la Seguridad Social, de hasta el 0,15%, para que los autónomos sufraguen la Formación Profesional. Y que parte de los fondos europeos que se van a destinar a fomentar el empleo juvenil se dediquen a estimular asimismo el autoempleo de los menores de 30 años. Las tres asociaciones se conjuraron ayer contra la economía sumergida, que frecuentemente se achaca a su colectivo, aunque precisaron que el fraude no estriba «en los pagos de 1.000 euros [el Gobierno quiere limitar a esa cifra los abonos en efectivo], sino en quien está «fuera del sistema y no paga ni cotizaciones ni impuestos», explicó Amor. Reyna abogó por las «políticas de incentivos», como el cambio del sistema de liquidación del IVA, «con facturas pagadas y no devengadas, y a través del banco».JÓVENES.DESPIDO. ERE. ULTRAACTIVIDAD. 3.000 EUROS.EMERGENCIA ECONÓMICA Los planes del Ejecutivoe e e e e