Corresponsal
En: El Mundo Alicante, Alicante
Primero fue el palo a los pescadores españoles y ahora puede llegar a los agricultores. La Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo votó ayer a favor del nuevo acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos, que permitirá la entrada en el mercado comunitario de más productos agrícolas del país magrebí. El acuerdo, al que se opone el Gobierno español porque puede ser perjudicial para los intereses de los agricultores, tendrá que ser ratificado en el pleno de la Eurocámara el próximo mes para que entre definitivamente en vigor. Las nuevas condiciones suponen la liberalización de todos los productos agroalimentarios, con la única excepción de los que la Unión Europea considera sensibles para el mantenimiento de su economía agrícola. Es decir, salvo los tomates, el pepino, el calabacín, la fresa, las clementinas, el ajo y el azúcar, el resto de productos tendrán ahora un límite de importación mucho más alto y se eliminan los aranceles para que no incidan en su precio. El ministro de Agricultura español, Miguel Arias Cañete, advirtió el lunes en Bruselas de que este acuerdo «no defiende los intereses de los agricultores españoles» y dijo que es «desequilibrado». Entre los colectivos más perjudicados podrían estar los productores de tomates en Murcia y Andalucía y los de naranjas en la Comunidad Valenciana, que ya han expresado su rechazo a la decisión de la Eurocámara. El informe debatido ayer, elaborado por el eurodiputado de Los Verdes José Bové, advierte de que este acuerdo dejará a los productores europeos en «una dura competencia difícil de mantener» y recuerda que Marruecos ha incumplido el actual convenio con entradas de productos por encima del límite establecido y a precios inferiores. Además, como ya ocurrió con el convenio pesquero, se hace una mención al Sáhara Occidental porque, según este texto, «su población ha quedado excluida de las negociaciones con Rabat». La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo se había pronunciado en contra del acuerdo mientras que la de Pesca sí es partidaria de su aprobación.JAVIER G. GALLEGO / Bruselas